La presidenta del Parlamento Andino, Gloria Flórez Schneider, acompañada por el secretario general del organismo, Dr. Eduardo Chiliquinga Mazón, participaron de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo para la Evaluación de la Reforma, Modernización, Fortalecimiento y Reingeniería de la Comunidad Andina (CAN). Durante esta sesión, la presidenta del Parlamento expuso la labor que ha venido realizando el organismo democrático de la CAN para el cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el Acuerdo de Cartagena; en este aspecto, destacó la elaboración de 62 Marcos Normativos y 21 propuestas de norma comunitaria en temáticas fundamentales para la región, como: movilidad humana y migración, cambio climático, derechos sociolaborales, acreditación y homologación universitaria, desarrollo energético sostenible, cadenas productivas, participación de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes en la integración andina, derechos humanos de las personas LGBTIQA+, entre otros.

La presidenta del Parlamento Andino, además, realizó un análisis del proceso de reingeniería realizado entre 2011 y 2013. Sobre este resaltó que, sin importar los onerosos costos de la contratación de dos consultorías, una por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otra por la Fundación Getulio Vargas, las recomendaciones y experticia de estas instituciones no fue tenida en cuenta por el Grupo de Alto Nivel, compuesto por los viceministros de Relaciones Exteriores y los viceministros de Comercio de los Países Miembros, y encargado de la implementación de la reingeniería. Incluso, este grupo tomó decisiones contrarias a las conclusiones de las dos consultorías. 

Un ejemplo claro de lo anterior se evidencia en la Decisión 792 de 2013 “Implementación de la Reingeniería del Sistema Andino de Integración” donde se establece en su artículo segundo: “Iniciar el proceso de preparación de un Protocolo que facilite la salida del Parlamento Andino del Sistema Andino de Integración, el mismo que una vez suscrito sería sometido a la aprobación de los Poderes Legislativos de los países miembros”. Esto es completamente contrario a las recomendaciones realizadas por la Fundación Getulio Vargas para el fortalecimiento institucional, a saber: 

“Algunas atribuciones específicas, con poder decisorio, podrían ser dadas al Parlamento. El tema que nos parece más adecuado y noble es el de las cuestiones sociales y comunitarias, y de los distintos modos de desarrollo posibles en el espacio andino, debido a la diversidad de sus culturas y pueblos, y el hecho del Parlamento ser el locus democrático tanto del sistema como del proceso de la integración.” 

Considerando lo expuesto, la presidenta reiteró que el Parlamento Andino se encuentra en completa concordancia con la necesidad de fortalecer y revisar el funcionamiento del Sistema Andino de Integración (SAI). No obstante, este fortalecimiento debe surgir desde todos los órganos e instituciones del SAI, y no desde consultorías que no serán tenidas en cuenta o desde el sesgo de una de las ramas del poder en el proceso de integración. 

Para evitar las problemáticas mencionadas, la presidenta Gloría Flórez, respaldada por la legitimidad que le da a las parlamentarias y parlamentarios andinos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú la representación de aproximadamente 57 millones de votantes; solicitó que se establezca una reforma al grupo de trabajo creado mediante la Decisión 903. Esto con el propósito de que se pueda garantizar la participación de un delegado del Parlamento Andino y uno del Tribunal de Justicia de la CAN para que, además de la visión del ejecutivo se incluyan las de los órganos legislativo y judicial de la integración andina. Así como, teniendo en cuenta el cumplimiento eficiente de las atribuciones del parlamento, planteó la creación de un mecanismo para la evaluación de las armonizaciones legislativas elaboradas y su adopción como normativas comunitarias por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina.

Para finalizar y con el objetivo de fortalecer la participación de la ciudadanía en la integración, solicitó que se convoquen a reuniones de los Consejos Consultivos de la Comunidad Andina que se encuentran activos y se reactiven aquellos que no se están reuniendo. Además, propuso la posibilidad de crear nuevas instituciones consultivas como: el Consejo Consultivo de la Juventud y el Consejo Consultivo de la Mujer y el Género.